La defensa del empresario Lázaro Báez concluirá el martes próximo su alegato final en el juicio oral por la causa Vialidad con un pedido de absolución para el dueño de «Austral Construcciones», tras exponer por qué, a su criterio, no hubo delito de asociación ilícita.
El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 se reanudará el martes a las 9.30 con la tercera y última jornada de alegato para la defensa del detenido empresario, quien tiene un pedido de condena a prisión de 12 años en la causa por el supuesto direccionamiento a su favor de la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Las dos primeras jornadas del alegato la semana pasada se dedicaron a demostrar que, para la defensa Báez, «no participó en ninguno de los hechos descriptos» por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que lo acusaron por administración fraudulenta al Estado mediante direccionamiento, sobreprecios e incumplimientos en las obras.
Para la última jornada, la defensa anticipó que se dedicará a exponer sobre el otro delito por el cual se procesó a Báez, asociación ilícita en calidad de organizador, y «otros obstáculos que impiden la aplicación de una condena» al empresario, todo lo cual «debe llevar a la absolución».
En la segunda audiencia dedicada a su alegato, la defensa de Báez sostuvo que los fiscales «mintieron cuando dijeron que las obras no existían» y, para acompañar esa afirmación, fueron exhibidas imágenes de las obras de remediación de canteras que los acusadores habían asegurado que no se hicieron.
«Señores jueces, los fiscales les mintieron, les dijeron que estas obras no existían, que las canteras no fueron remediadas. Le pusieron ‘la caja clandestina de Lázaro’, para los diarios, todo era mentira», afirmó el abogado Juan Villanueva tras exhibir las imágenes.
Ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado de Báez reiteró que la pericia en la cual se aludió a sobreprecios y otras irregularidades «en ningún aspecto puede ser valorada» como prueba y que «las conclusiones de la fiscalía son una disconformidad con la normativa vigente».
«La verdad es que nosotros entendemos que acá no hay espacio para la interpretación creativa que nos proponen los fiscales. La ley es la ley», argumentó Villanueva, al sostener que todo se hizo en base a la normativa vigente.
Los fiscales «desde sus escritorios en Comodoro Py» sacaron conclusiones sobre el clima en Santa Cruz, dijo en otro tramo vinculado a los pedidos de extensión de plazos de las obras.
«Era cuestión nada más de abrir los expedientes, no tenían que pesarlos, tenían que leerlos», apuntó y puso como ejemplo que los fiscales hablaron de la demora en una ruta «que cruzaba la Cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. La obra se llama ‘Corredor cordillerano'».
La obra era de «alta montaña, en el extremo sur del continente, donde son los climas más agresivos de la Argentina», dijo y sostuvo que si los fiscales lo ignoraban «lo que no pueden hacer nunca es utilizar su desconocimiento sobre el tema, sobre los hechos, para fundar un pedido de condena».
Villanueva aludió a un «encuadre malicioso del Ministerio Público Fiscal» y a una «falacia absoluta» en una acusación que tiene «agujeros groseros».
También sostuvo que no hay prueba de que las empresas de Báez hayan tenido algún «privilegio» por sobre las demás contratistas de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La fiscalía «no presentó una sola prueba» de que lo que ocurría con las 51 obras adjudicadas a Báez en ese período «fuera una situación excepcional, preferencial o por fuera de la norma».
La forma en que se hacían las cosas «era la práctica normal y general» en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Cruz y era la misma «en todos los casos», señaló.
